04/07/2016

FAIGA - Presentación de la ley 27.250 a la comunidad gráfica

Encuentro de camaradería para compartir la sanción de una ley que trasciende su relevancia para el sector reivindicando derechos para la sociedad toda y en la que FAIGA, manteniendo bajo perfil, tuvo un fuerte protagonismo.

​Aproximadamente 140 personas, emtre empresarios y funcionarios de la industria gráfica – tanto de plantas industriales como de firmas proveedoras – incluyendo representantes sindicales respondieron a la invitación de FAIGA. El motivo de la reunión: presentar la ley 27.250, recordar los pasos que llevaron finalmente a su promulgación y profundizar su significado que, más allá de las consecuencias positivas para las industrias involucradas en el envío de correo postal, defiende el derecho de elegir y decir de todo ciudadano en su calidad de consumidor y/o usuario de productos y servicios.
 
Luego de un cordial ágape de recepción y ya con los asistentes ubicados en el Salón Náutico de Parque Norte, el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, dio la bienvenida y compartió muy sintéticamente la ardua tramitación que se extendió durante un año y medio. Mencionó las diligencias ante el anterior gobierno nacional y las gestiones realizadas en el Congreso de la Nación, en el que se consiguió que primero sus respectivas comisiones de defensa del consumidor y luego la Cámara de Diputados – en el período 2015 – y el Senado – ya en las sesiones de 2016 – votaran por unanimidad la ley que, modificando el Art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor del nuevo Código Civil y Comercial, obliga a todo proveedor a informar en soporte físico y en forma gratuita al consumidor/usuario del producto o servicio que provee. Pasados diez días de su sanción, al no ser vetada aunque tampoco firmada por el Poder Ejecutivo, la ley quedó promulgada y se publicó en el Boletín Oficial.
 
El presidente de AFCP – Asociación Argentina de Fabricantes de Celulosa y Papel, Osvaldo Vassallo, se refirió a la agresiva campaña para desprestigiar la sustentabilidad del papel y de los impresos en papel, acusando a la industria papelera y gráfica de atentar contra los bosques cuando, por el contrario, esas industria son las más comprometidas con la re-forestación pues de ahí depende su misma supervivencia. Se lamentó que, en general, la sociedad actúa hipócritamente, acepta las calumnias contra la impresión en papel y consumen bienes que otras industrias fabrican con madera sin preocuparse en reponer los árboles que talan.

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A continuación, con el apoyo de diapositivas y un muy interesante video, el Lic. Diego Corallini, asesor económico de FAIGA, explicó dos cruciales circunstancias. Una, que el alegato que sostiene que el correo electrónico contamina menos que el correo postal no se basa en documentación científica ni técnica y que con datos fundamentados se prueba lo inverso. La otra situación expuesta: las consecuencias económicas y sociales nefastas que se hubieran producido si no se hubiera modificado el Art. 4 de la ley 24.240 de defensa del consumidor: drástico deterioro de la industria papelera y de la gráfica, y también de otras que están vinculadas al correo postal, como la automotriz; caída contundente de puestos de trabajo con su secuela de empobrecimiento generalizado.

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Cerró las exposiciones, el defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor. Enfocó la ley 27.250, no desde el ángulo sectorial sino desde la misión del organismo que integra: proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de la ciudadanía porteña, controlando que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atendiendo las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades. Por lo que, además de los daños económicos y sociales que ya se habían señalado, hizo hincapié en la exclusión que ocasiona imponer los electrónicos como únicos medios de información en personas que por razones etarias o de educación no tiene acceso a los mismos. Por consiguiente, resaltó que la ley 27.250 reivindicó a cuatro grupos que habrían sido, en caso contrario, vulnerados: los empresarios en su derecho de ejercer el libre comercio; los trabajadores en su derecho a que se preserven sus puestos de trabajo; la recaudación fiscal del estado hubiera sido severamente mermada reduciendo su derecho a redistribuir equitativamente las rentas, y a los consumidores se les habría condicionado su derecho a la información y su libertad de elegir cómo ser informados.

De este modo se expuso un acontecimiento altamente beneficioso para la cadena de valor celulósica – papelera – gráfica y lo que no es menos importante para toda la sociedad argentina en cuanto consolida derechos y garantías constitucionales.


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