26/05/2005

Premisas para el desarrollo humano y económico de Latinoamérica en un mundo globalizado

La creación de empresas viables y empleo de calidad, requiere un compromiso de la dirigencia política y la sociedad civil que hagan del crecimiento, la inversión, el empleo y la educación un desafío común. Dr. Daniel Funes de Rioja. Argentino. Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Entendemos y así lo hemos expresado al participar en la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización ( I ), cuando decíamos: “...Al buscar soluciones para lograr un proceso de globalización más integrador, creemos que es necesario que la comunidad internacional reconozca errores pasados y que se logre superar la percepción fatalista que se produce con frecuencia respecto a de dichos errores. Consideramos que se requiere un enfoque diferente. La principal tarea ante nosotros es la de crear condiciones que permitan que el modelo de la globalización funcione en beneficio de todos. Para ello habrá que renovar el énfasis en los valores en los que se fundamenta este sistema y en el establecimiento de una base para el desarrollo humano y económico que goce de una aceptación generalizada. Si queremos tener éxito, hemos de lograr un consenso y para ello habrá que demostrar voluntad para ir más allá del pensamiento tradicional, para apartarse de posiciones ideológicas y examinar respuestas innovadoras a problemas que se encuentran a menudo profundamente arraigados. Creemos firmemente que la apertura económica, por sí sola, no es sostenible si no va acompañada por instituciones y procesos democráticos que la apoyen. Los dos elementos –democracia y economía de mercado- van indisolublemente unidos y en ambos reside la solución para lograr que la integración forme parte del proceso de globalización ...”

(“Reflexiones sobre la Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización” por Francois Perigot y Daniel Funes de Rioja”), ya que la mundialización debe ofrecer mejores alternativas a quienes no han visto -hasta ahora- los beneficios de esta era de internacionalización del comercio, a la par que los países afectados deberían mejorar su gobernabilidad, su calidad institucional, su transparencia en el manejo del gasto público, así como su adhesión a la democracia, al Estado de Derecho, al libre mercado y al respeto de los Derechos fundamentales en el trabajo, como condición para acceder a mejores expectativas.

El desafío consiste en encontrar la manera de que los valores de un sistema que fomente el logro individual y responda al interés propio natural en el ser humano puedan orientarse al mismo tiempo al logro de ciertos resultados “colectivos” o sociales. En este sentido, el modelo democrático de economía de mercado proporciona, a través de la competencia, un mecanismo viable para encauzar esta responsabilidad individual.

En ese contexto, recientes encuestas de Latinbarometer dan cuenta de preocupantes datos por hechos de dominio público que hoy conmueven la institucionalidad democrática de varios de los países de la región o –incluso- que permiten detectar que bajo la apariencia de democracia, existen gobiernos que desconocen derechos humanos fundamentales o el principio de separación de los Poderes y –en todo caso- la libertad, que es el eje sobre el que se afirma el Estado constitucional de Derecho.

La segunda reflexión que debemos incluir entre las lógicas aspiraciones del mundo empresarial, es la de promover el respeto a la libre iniciativa y a la empresa privada. A tal fin, deben conjugarse acciones legales y políticas que tiendan a crear el entorno favorable para la creación de empleo, con regulaciones cumplibles y evitando los desvíos propios de regímenes que, so pretexto de establecer marcos para el accionar del capital privado, terminan sometiéndolo a condicionamientos que desalientan la inversión o facilitan la corrupción como condición para la viabilidad –incluso- de los negocios lícitos. La simple lectura de los informes sobre transparencia institucional o la comparación de requerimientos necesarios para la constitución, el funcionamiento, la contratación laboral y el régimen fiscal de las empresas (especialmente las PyMEs), reflejan claramente esta discrecionalidad.

A partir de allí, idéntico razonamiento puede hacerse específicamente con relación a la contratación laboral. El mundo empresario no desconoce las necesidades de protección del trabajador y su familia en una sociedad justa, pero –como contrapartida- la generación de empleo está ligada a la creación de empresas y ello no puede darse si no hay marcos legales flexibles, capacitación permanente de los recursos humanos y una fiscalidad razonable, factores éstos que se conjuguen y den como resultado mejor productividad y –por ende- mayor poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto en que la competitividad sea realmente adecuada a los desafíos de los mercados internos y externos, propios de este fenómeno de la globalización.

Es también menester encontrar políticas públicas activas, en lo que hace al mejoramiento de la estructura física y social de la comunidad en la que despliega su accionar el empresario, ya que –de otra manera- las carencias son de tan magnitud que impiden el acceso a las comunicaciones, la energía, al transporte y a las necesidades básicas de la población laboral (vivienda, educación, salud, etc.).

Obviamente, hay otras cuestiones más ligadas a los condicionantes macro, microeconómicos y financieros así como aquellos que tienen que ver con las reglas de juego justas para un verdadero comercio internacional libre. No es el objeto de este análisis el profundizar las mismas, aunque queda claro que es imposible soslayarlas.

En todo caso lo que ha de envolver un gran debate de fondo, es el de armonizar los mecanismos que permitan a la empresa del mundo en desarrollo –especialmente a las PyMEs- el acceso a la tecnología, al crédito y a los mercados, así como a regulaciones que la hagan desarrollarse en el mundo formal y no la condenen al “otro sendero”, el de la informalidad estructural del que nos habla Hernando de Soto.

No hay desarrollo posible de carácter sustentable si no se tienen en cuenta estas premisas, ya que la creación de empresas viables y empleo de calidad, requiere un compromiso de la dirigencia política y la sociedad civil que hagan del crecimiento, la inversión, el empleo y la educación un desafío común.

( I ) Miembros de la World Comisión/O.I.T. (2004):

Tarja Halonen/Benjamin Mkapa/Guillermo Amato/Ruth Cardoso/Heba Handoussa/Eveline Herfkens/Ann McLaughlin Korologos/Lu Mai/Valentina Matvienki/Deepak Nayyar/Taizo Nashimuro/Grancois Perigot/Surin Pitsuwan/Julio María Sanguinetti/Hernando de Soto/Joseph Stiglitz/John Sweeney/Victoria Tauli-Corpuz/Aminata D.Traoré/Zwelinzima Vavi/Ernst Ulrich von Weizsaecker/Bill Brett/Eui-yong Chung/Juan Somavía/Alain Tou/Daniel Funes de Rioja

(*) Perfil profesional :

Dr. Daniel Funes de Rioja

Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la especialidad Ciencia Política y Constitucional

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina

Presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Miembro de su Comité Ejecutivo; del Departamento de Asuntos Laborales de la Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL) y de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Vicepresidente Ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores.

Vicepresidente del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y Presidente del Grupo Empleador del Consejo de Administración y de la Conferencia.

Miembro de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización.

Presidente del Comité Empresarial de Asesoramiento Técnico de Asuntos Laborales de la Organización de Estados Americanos (CEATAL/OEA) desde 1997.

Académico Titular y Secretario de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa.



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