04/05/2016

El sistema de riesgos del trabajo, en peligro

“No hay país en el camino correcto mientras el desarrollo de una industria del juicio presume por sobre el desarrollo de la industria y la calidad del empleo nacional”, Gustavo Morón, Superintendente de Riesgo del Trabajo (SRT).

El sistema de riesgos del trabajo constituye la respuesta a uno de los vacíos institucionales más trascendentes en materia laboral en el país. Su implementación, en 1996, significó un cambio sustantivo en el ordenamiento jurídico argentino, pues se pasó de un esquema basado en la responsabilidad individual a un subsistema de la seguridad social. En este proceso de evolución, la sanción de la ley de riesgos del trabajo N°24.557 fue un punto de inflexión, pues vino a terminar con la dinámica de un régimen reactivo, meramente resarcitorio, para transitar hacia una política laboral basada en la prevención del riesgo que protegiera la salud y la vida de los trabajadores.

La ley de entonces pensaba al seguro de accidentes de trabajo como una cobertura de responsabilidad civil con un sistema de opción excluyente: o percibía la indemnización en los términos de ese régimen o efectuaba un reclamo por vía del derecho civil.

En definitiva, la ley de riesgos del trabajo (LRT) fue el inicio de una búsqueda de un mayor bienestar de los trabajadores y de la construcción de un ambiente laboral más seguro y saludable.

Dos décadas después de su sanción nos encontramos ante nuevos retos e incertidumbres. Las estadísticas generales son positivas: la prevención funciona bien; la cobertura del sistema alcanza hoy a casi 10 millones de trabajadores y cerca de 1,5 millón de empleadores. Ha descendido la mortalidad y la siniestralidad en los puestos de trabajo y se logró mejorar la calidad de las prestaciones médicas y dinerarias ante una contingencia.

Hay mucho por hacer aún para prevenir accidentes en el trabajo pero, a decir verdad, se ha avanzado mucho, con cifras que nos acercan a países con un mayor desarrollo de una cultura preventiva que el nuestro. Todo este avance ha servido para mejorar la calidad de empleo en la Argentina y para una delimitación precisa de los derechos de quienes intervienen en la cobertura y, por sobre todo, del respeto al trabajador a partir de considerar que la dignidad de la persona humana no puede evaluarse en el campo económico.

Más allá de estos avances destacables, el problema que hoy enfrentamos y que amenaza con desestabilizar el sistema es la creciente litigiosidad. A la fecha existe un stock de 300 mil juicios abiertos que representan, según cálculos de estudios privados, unos 5000 millones de dólares de deuda contingente. Este exorbitante número de demandas pone en jaque al sistema de riesgos de trabajo.

Las disímiles interpretaciones jurisprudenciales han distorsionado, hasta desnaturalizarlo, el valor del daño producido en un trabajador accidentado o enfermo a causa de su actividad laboral. En los últimos años, el sistema de cobertura de accidentes laborales ha vuelto a producir el inquietante fenómeno por el cual una masa de los aportes que la sociedad realiza se deriven, en una porción significativa, hacia sectores que no poseen intereses legítimos en cuanto a mejorar la vida de los trabajadores y, mucho menos, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Son sectores que promueven el desacuerdo entre los argentinos porque, de ese litigio permanente y de la confusión que genera, sacan sus propios beneficios apropiándose de recursos ajenos. Y así, ponen en peligro la viabilidad del sistema de riesgos de trabajo.

No podemos seguir conviviendo con estos niveles de litigiosidad. Estos procedimientos son incompatibles con la idea de previsibilidad y costos laborales razonables. Toman de rehén al trabajador, conspiran contra la calidad laboral, desalientan la creación de empleo de calidad, de las inversiones y de la competitividad de nuestra economía.

Hay que cambiar, la salud integral del sistema así lo pide. Debemos homogeneizar los criterios para evitar que un mismo daño sea cuantificado de manera totalmente distinta. Debemos aunar las herramientas en pos de una rigurosidad que limite la arbitrariedad y aumente la legitimidad del sistema en beneficio de los trabajadores y sus empleadores.

No hay país en el camino correcto mientras el desarrollo de una industria del juicio presume por sobre el desarrollo de la industria y la calidad del empleo nacional. No hay país que empiece a andar y volverse confiable, si unos pocos son los que se llevan el fruto del trabajo de todos.
 

Fuente: La Nación, jueves 3 de mayo



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