19/03/2017

Modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 (LRT)

El nuevo régimen es de relevancia para el empresariado por cuanto incluye interesantes modificaciones a la Ley de Riesgos que muy probablemente encontrarán en su implementación numerosos pedidos de inconstitucionalidad en los Tribunales. Asesoría Laboral de FAIGA.

Ha sido un tema resonante en los medios de comunicación durante el mes de enero la emisión y publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia número 54/17, una réplica del texto que contaba con la aprobación de la Cámara de Senadores e iba a ser tratado en Diputados a la brevedad (que en el mes de febrero sancionó con fuerza de ley). Consta de una serie de modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) que aquí trataremos. Como el objeto es informar sobre el nuevo régimen, procuraremos no entrar en la discusión sobre la validez del Decreto citado (o si el Presidente tenía facultades para ello), encontramos interesantes modificaciones a la Ley de Riesgos que encontrará en su implementación numerosos pedidos de inconstitucionalidad en los Tribunales.

Centrándonos en las modificaciones encontramos que, se establecen las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia previa y obligatoria para todos los reclamos que tengan como objeto un accidente laboral o enfermedad profesional. El trámite tendrá un plazo de duración máximo de 60 días hábiles administrativos dentro del cual la Comisión deberá expedirse sobre la procedencia del reclamo, porcentaje de incapacidad y carácter (transitorio o permanente) de la dolencia. Con la notificación de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional o vencidos los 60 días previstos para el procedimiento, queda habilitada la vía judicial o se puede interponer el recurso que corresponda ante la Comisión Médica Central.

La reciente modificación prevé también la creación de un Servicio de Homologación de Acuerdos (de funcionamiento similar al SECLO), estrictamente para los casos que puedan encontrarse encuadrados en la LRT. En estos casos, deben acercarse los acuerdos alcanzados, y existirá una instancia de revisión por los Peritos Oficiales para determinar que se respeten los parámetros de la LRT, la propia ley establece que no será homologado ningún acuerdo por debajo de las prestaciones mínimas que establece dicho cuerpo normativo.

La totalidad de estos procedimientos serán GRATUITOS para el trabajador y hasta se ha limitado la facultad de los Abogados de suscribir pactos de cuota Litis (acuerdo de honorarios sobre el porcentaje a percibir por el pleito por parte del trabajador). Esto garantiza en cierto modo que los montos de los acuerdos y / o sentencias que se deben pagar al trabajador, lleguen en una mayor proporción al damnificado.

Adicionalmente, la presente modificación legislativa, prevé que el Ingreso Base Mensual (utilizado como base del cálculo aritmético que determine la indemnización por accidentes laborales), se actualice de acuerdo a la tasa activa Banco Nación para préstamos a 30 días, de esta forma se busca evitar que el proceso inflacionario deteriore la base de cálculo de las indemnizaciones, objetivo noble siempre que se aplique en sintonía con el restante sistema de responsabilidad de riesgos del trabajo. Para poner un caso simplificado: si al momento del accidente el trabajador ganaba $10.000, la sentencia sale al año del mismo y la tasa activa BNA es del 22% anual, la base de cálculo será de $12.200.

Con respecto al modo de pago de las indemnizaciones también existe una novedad. Los mismos deben hacerse en la cuenta sueldo del trabajador. Ello trae cierta incertidumbre por ahora con respecto a los trabajadores que no sean más empleados de la empresa al momento del pago de la indemnización, ya que no tendrían “cuenta sueldo”, a lo sumo la misma se convertiría en “caja de ahorro”.

Otra de las importantes modificaciones, fue la ampliación del período hasta el cual se considerará temporaria la incapacidad (o sea, plazo por el cual deben otorgarse prestaciones en especie por la Aseguradora, con objeto de la rehabilitación del damnificado), a partir de la nueva modificación se considera como tal hasta los dos años del accidente o enfermedad. Consolidado como Permanente la incapacidad, se le deberá al trabajador la indemnización correspondiente.

La más auspiciosa de las modificaciones es sin dudas, la unificación del cuerpo de Peritos y que sus honorarios serán regulados por la labor específicamente desarrollada, tanto a través de las Comisiones Médicas como en el eventual expediente judicial. Ello, traerá como consecuencia que los honorarios del Perito interviniente, no estarán vinculados con la cuantía del reclamo, ni del eventual acuerdo ni de la hipotética sentencia futura. Esto eliminaría todo tipo de suspicacias respecto a la conveniencia personal de los peritos en el resultado de su propia pericia.

En los últimos días se ha tenido noticia de un Fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, donde se decide que el Decreto 54/17 resulta inconstitucional dado que no ha respetado los parámetros Constitucionales para habilitar la facultad legislativa del Poder Ejecutivo. Si bien, en este caso particular, la decisión versó sobre una cuestión de forma, más que sobre el fondo del contenido del Decreto, es de esperar que en cuanto el Poder Ejecutivo promulgue y/o reglamente la mencionada Ley, se abarroten los Tribunales de pedidos de inconstitucionalidad (como el que ya presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), siendo impredecible el resultado y aplicación efectiva de la presente Ley hasta que no se expida sobre algún caso en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todas formas, el mencionado fallo no tendría efecto alguno sobre la nueva ley, por estar esta sancionada de acuerdo a los procedimientos legislativos habituales.

Por último debe mencionarse que, al tratarse de una materia legislativa no delegada expresamente al Estado Nacional por las Provincias, se ha invitado a través del texto legal para que se adhieran al sistema de la modificación legislativa en pos de lograr la unificación legislativa nacional en materia de Riesgos de Trabajo. Con ello vale señalar que la aplicación efectiva en la totalidad del territorio nacional es esperable que demore algunos meses, más allá de los periplos judiciales que emprendan los pedidos de inconstitucionalidad de la norma.



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