14/03/2005

Producción Industrial de Libros

En la compleja relación que un Estado puede entablar con la industria editorial local, esto es, incentivar de distintas formas el desarrollo del sector, asumir la responsabilidad de crear más lectores y, finalmente, orientar o incidir sobre el tipo de desarrollo que se busca darle a esa industria. Del editorial del diario La Nación del domingo 13 de marzo de 2005.

En estos días se puso en marcha en nuestro país el primer estudio integral sobre la producción editorial y su comercialización, para determinar la incidencia del libro en la sociedad y contar con una radiografía completa del sector, de manera de monitorear anualmente su desarrollo y establecer tendencias; se espera que durante el primer cuatrimestre de este año se pueda contar con información confiable y sistemática.

El trabajo surgió a partir de un convenio entre la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América latina y el Caribe (Cerlalc), instituto dependiente de la Unesco. Nunca más oportuna esta investigación, que no sólo permitirá contar por primera vez con datos completos actualizados, sino también vendrá a sustentar con constataciones concretas muchas de las observaciones que integrantes de este sector hacen a las autoridades.

Es cierto que en los años recientes, y a partir de la devaluación del peso, las editoriales argentinas han ido acompañando la mejora general del país; esta recuperación benefició también al canal comercial y tanto en la ciudad de Buenos Aires como en numerosas ciudades del interior se han abierto nuevas librerías. Sin embargo, como contrapartida, ha habido un fuerte empobrecimiento de variedad en la oferta, porque los libros importados que llegan son pocos y se concentran en librerías especializadas o en algunas zonas de alto poder adquisitivo. Y como, a diferencia de otras industrias, en la edición no es posible aplicar una política de "sustitución de importaciones", la Argentina se encuentra ahora más aislada del mundo, una situación que puede ser grave si se piensa que implica la carencia de la mayor parte de la bibliografía de estudio y de investigación más reciente. En el extremo opuesto, el de la exportación, hay que recordar que sólo se lo hace de manera significativa a países de habla hispana, como México, Chile y Uruguay, pero no de la misma manera a España o al mercado hispano de los Estados Unidos, por las dificultades de inserción en la cadena comercial, que los convierten en un destino más de expectativas que de realidades para los editores argentinos.

En cuanto a las dos leyes básicas con las que se maneja el sector, la ley 25.446 de fomento del libro y la lectura y la 25.542 de defensa del sector librero, no han contribuido en la medida de lo esperado a mejorar la situación. En el caso de la primera, porque el Poder Ejecutivo vetó el artículo 11 -por el cual se estructuraban las exenciones impositivas que hubieran fortalecido al sector- y existen varios otros artículos no reglamentados, con lo cual finalmente la ley se desnaturalizó y, si bien el libro sigue exento del pago de IVA, lo que permite que su precio al público sea sustancialmente menor, las editoriales deben asumir el costo del IVA de sus insumos y de gastos que no pueden "compensar" con el IVA de las ventas . En cuanto a la 25.542 -que surgió como respuesta a la política que aplicaban las grandes cadenas de supermercados, con títulos a un precio muy inferior a las librerías-, si bien actuó en defensa del sector librero y estabilizó el sistema, también le quitó al libro una herramienta de promoción y marketing que maneja la mayoría de los productos de venta masiva.

En la compleja relación que un Estado puede entablar con la industria editorial local, esto es, incentivar de distintas formas el desarrollo del sector, asumir la responsabilidad de crear más lectores y, finalmente, orientar o incidir sobre el tipo de desarrollo que se busca darle a esa industria, el Estado argentino ha manifestado una gran actitud de apoyo al desarrollo de nuevos lectores. Por medio de su ministro de Educación, parece haberle dado al tema el rango de política de Estado, ya que no sólo abundan las campañas de promoción de la lectura y del libro, sino también ha hecho efectiva la compra de millones de ejemplares para entregar a escuelas y a alumnos carenciados de todo el país, lo cual ha dado un enorme impulso a la lectura y, por ende, a las editoriales de texto.

En cuanto a la tercera posibilidad de relación, referida a la injerencia del Estado en el estilo de desarrollo del sector editorial, recientemente hubo una convocatoria de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), según la cual se establecía una serie de categorías de obras por ser compradas prioritariamente, entre las que se destacaban las de "pensamiento nacional". Esto puede transformarse en un arma de doble filo desde el momento en que las obras de "pensamiento nacional", fuera del mercado local, podrán ser colocadas en mercados externos muy reducidos y, para aquellos que quieran acceder a obras sobre un pensamiento no nacional, se crea una fuerte dependencia de las ediciones extranjeras.

Como siempre, a pesar de los desequilibrios que surgen de aplicar las reglas del juego, es mejor que el universo de las editoriales sea variado, que empresas grandes y pequeñas puedan competir con sus productos, también muy diferentes porque apuntan efectivamente a públicos diferentes. En lo que sí tanto el Estado como las editoriales deben estar de acuerdo y trabajar codo a codo es en la creación de lectores, abaratando todo lo que sea posible el precio de los libros. La Argentina hace mucho que ha perdido su lugar de privilegio en el mundo editorial latinoamericano y, lo peor de todo, en el mercado interno. Volver a ser un país lector, con el prestigio y el peso que eso significa, no depende de un único sector, porque es una tarea colectiva. Ya sea que estén editados por empresas argentinas, ya sea que provengan de empresas multinacionales, los libros deben volver a las manos de los lectores argentinos, viejos y nuevos. Siguen siendo el mejor pasaporte hacia esa recuperación nacional que todos deseamos y para la cual debemos trabajar.

Comentario: Es positivo que se señale la asimetría impositiva, sin embargo no queda suficientemente claro que las consecuencias de ese desequilibrio caen principalmente en las empresas privadas de la industria gráfica, que son las que deben afrontar los costos de la producción industrial del libro. Las empresas editoriales, en su mayoría no cuentan con plantas impresoras y tercerizan la etapa industrial, incluso en los países limítrofes importando luego la mercadería libre de gravámenes. Situación largamente expuesta y documentada por FAIGA, que siempre ha luchado para que se tuviera en cuenta la industria gráfica en una sana política de promoción del libro.



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