24/01/2017

Contribución obligatoria de usuarios a las energías renovables

Las nuevas obligaciones para los usuarios es quizás el punto más novedoso (y sorpresivo) de la ley de reforma al régimen de la ley 26.190 de Fomento de las Energías Renovables.

Mucho hemos oído del gran impulso que se está dando a las energías renovables desde lo legislativo y su nueva inclusión dentro de la agenda política. El 21 de octubre de 2015 el Congreso Nacional sanciona con fuerza de ley una modificatoria al Régimen de Fomento de las Energías Renovables (Ley 27.191, link al final del artículo) reglamentada por el Decreto 531/2016, (texto abajo) trayendo grandes novedades y ciertos beneficios para el sector con el objetivo de paliar la crisis energética de la forma más sustentable posible y atraer inversiones hacia un sector energético de menor impacto ambiental y económico (dado el alto impacto sobre la balanza comercial que tiene la necesidad de importación de gas para la producción eléctrica).
 

Hasta aquí, todo parecen buenas noticias para todo el mundo: mayor producción eléctrica, reducción del impacto ambiental, mejora en la calidad del aire, empresarios dispuestos a invertir en el sector (la Ronda 1 del Programa RenovAr tuvo ofertas por el quíntuple de los MWh ofertados) pero hay una contracara de esta ley que es muy controversial y de la que nadie habla (y muy pocos saben): las nuevas obligaciones para los usuarios.
 

Este sea quizás el punto más novedoso (y sorpresivo) de la ley de reforma al régimen de la ley 26.190 ya que apunta directamente a los usuarios. En primer lugar aparece un nuevo rubro a ser abonado por todos los consumidores para contribuir al FODER (fondo fiduciario específicamente diseñado para favorecer las inversiones en la generación de energía a partir de fuentes renovables). Siendo un monto que de todas formas será menor, no parece relevante detenerse mucho sobre dicho punto.
 

Por otro lado, determina en forma genérica que todos deben contribuir a cumplir con los porcentajes de consumo de fuentes renovables fijados en la ley (lo que es lógico); se ha eliminado la tabla anterior y solamente se establece como objetivo general para la población alcanzar el 8% del consumo de fuentes renovables para fin de 2017; pero va más allá. Exige a ciertos particulares como OBLIGACIÓN LEGAL incorporar como mínimo ciertos porcentajes de su consumo eléctrico de fuentes renovables para las fechas allí determinadas (que son más exigentes que para el propio Estado).
 

Nótese también que, conforme el texto legal, para el Estado es un “objetivo” llegar a 8% (no pasa nada si no se cumple), mientras que para el particular obligado, por ser la medida de carácter coercitivo, será penado con aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
 

La “buena noticia” es que por ahora sólo se encontrarían alcanzados los grandes consumidores (300 kW de potencia instalada) lo que implica un acierto, puesto que los particulares en sus casas y empresas chicas no tendrían alternativa para conseguir estos objetivos tan exigentes. Esto quiere decir que quienes revistan en su factura de luz el equivalente a la categoría tarifaria “T3” de Edenor y Edesur probablemente estén alcanzados por estas obligaciones.
 

La referida ley está exigiendo que a fines de 2017 el gran consumidor utilice en un 8% energías de fuentes renovables (escalando progresivamente un 2% bianual hasta un 20% a fines de 2025). Esto equivale decir que pretende que el sector privado logre con recursos propios en ese plazo lo que el propio Estado no logró en los casi 10 años desde que la ley 26.190 fue sancionada; vale aclarar que no es que “no se llegó por poco”, el Estado está debajo del 10% del número objetivo, peor suerte correrán seguramente los particulares. El cronograma para los grandes consumidores es el siguiente: 2017: 8%, 2019: 12%, 2021: 16%, 2023: 18% y 2025: 20%.
 

Las alternativas que otorga la ley para adecuarse al sistema son la generación, contratación individual o compra de energía proveniente de diferentes fuentes renovables a través del mercado regulado de CAMMESA. La compra directa puede negociarse libremente con el propio generador, solamente informando los contenidos del contrato a CAMMESA; a dicho precio solo habrá que adicionarle los gastos de peaje (transporte y distribución) y deberían ser más baratos para el gran usuario que las alternativas.
 

Los proyectos de auto- o cogeneración tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos de la Secretaría de Energía (salvo que no utilicen el Sistema Interconectado) y ser dados de alta como Agentes MEM. Si se opta por esta opción, debe ser manifestada en tiempo y forma ante el Ministerio de Energía y Minería (que tiene que establecer los parámetros técnicos aceptables) para quedar excluido del sistema de compras conjuntas de CAMMESA.
 

Todos los usuarios que tengan más de 300 MW de potencia instalada que no optaran a tiempo (el plazo final para manifestarse tiene que ser definido por el Ministerio en base a la comunicación oficial de los sujetos obligados pero deberá ser a fines del año 2017) por una de las opciones anteriores, quedarán incluidos automáticamente en el Mercado de Compras Conjuntas de CAMMESA que al día de hoy aún no existe.
 

El mecanismo implica que CAMMESA compra a los generadores de energías renovables y luego revende a los sujetos obligados; el principio que permitirá que el sistema funcione es justamente las rondas licitatorias que dicho ente está llevando a cabo. El precio al que CAMMESA revenda estará alcanzado por el límite legal establecido (113 US$ por MW/h más costos administrativos). Los restantes detalles del sistema quedarán en manos del Ministerio o de CAMMESA en lo que se le delegue.
 

En caso de no cumplir los sujetos obligados con su cuota, deben abonar en concepto de multa el equivalente al Costo Variable de Producción de Energía Eléctrica correspondiente a la generación cuya fuente de combustible sea gasoil de origen importado. Esto probablemente significaría que resulte más barato intentar cumplir que pagar la multa.
 

Teniendo este panorama y la falta completa de información al respecto hacia el sector privado para el desarrollo de un plan, es incierto el efecto real que pueda tener a futuro. Lo cierto es que está previsto y legalmente aprobado empezar a incluir en las facturas de grandes consumidores estos costos sin que siquiera estén al tanto de la opción de optar por otras alternativas para el cumplimiento de la ley y cuando ya podría ser demasiado tarde. Si se considera que todas las empresas grandes hacen previsiones y presupuestos anuales y estamos a menos de un año de la fecha límite de cumplimiento, es lógico inferir que no se cuenta con el suficiente plazo en las empresas para asignar una partida a tal efecto y lograr el cumplimiento de la obligación legal en tiempo y forma.
 

Desde nuestras investigaciones de mercado y del sector de energías renovables, consideramos una probabilidad moderada a alta que el 1/1/18 no se cuente con la infraestructura necesaria para el cumplimiento con lo establecido por la ley y en base a ello comiencen a aparecer amparos, solicitudes de prórroga y demás medidas administrativas y judiciales. Si no se logra conseguir al menos un 6% de la matriz energética instalada de fuentes renovables, será muy difícil para los sujetos obligados poder conseguir dicha energía en la medida que la necesiten (por cualquiera de las 3 vías). Con respecto a los generadores, lo más probable es que no deseen vender esos MW/h en forma privada por tener mejores condiciones con el Estado o estar al tope de sus capacidades (especialmente si tiene MW/h ociosos por haber licitado menos del total que genera.
 

Si bien es una medida tendiente a fomentar fuertemente un cambio en el consumidor, entiendo que va a encontrarse con serios obstáculos de aplicación real por ser demasiado ambiciosa.
 

Desde mi punto de vista, si el Estado no realiza modificaciones y decide exigir el cumplimiento del mandato legal, los particulares recurrirán a los Tribunales para oponer medidas cautelares que imposibiliten el avance del noble objetivo del Estado y del Ministerio de Energía que es el incremento de uso de energías de fuentes renovables, lo que puede hacer tambalear el plan estratégico desarrollado.
 

Estamos actualmente dando asesoramiento distintos sectores tanto técnicos como directivos de las empresas para evaluar las mejores opciones de adecuación del consumo. En algunos casos incluso se puede lograr evitar entrar en la categoría de “gran consumidor” con algunos ajustes a la eficiencia energética de las instalaciones.
 

Ley 27.191: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/texact.htm

Decreto 531/2016: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259883/norma.htm
 

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