27/03/2018

Brillante intervención de De Mendiguren en defensa del sector gráfico

En la sesión de la Honorable Cámara de Diputados celebrada el pasado miércoles 21 de marzo se trató el DNU 27/2018. En dicho debate, la intervención del Diputado De Mendiguren fue destacada por su énfasis en el efecto negativo para el sector gráfico de los Artículos 169 y 171.

El Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en enero pasado despertó diversos debates por la extensión de sus modificaciones. Para el sector gráfico en particular, los Artículos 169 y 171 significaron una derogación inmediata de la Ley 27.250 de defensa al consumidor e implicarían una caída masiva de la demanda de trabajos del sector y, consecuentemente, de puestos de trabajo.

Específicamente, el Decreto permite a las empresas prestadoras de servicios elegir el soporte mediante el cual enviar sus facturas y resúmenes a los consumidores.

Inmediatamente luego de su publicación, FAIGA acudió tanto a legisladores como a autoridades pertinentes solicitando la reconsideración de dichos artículos atento a la vulnerabilidad que representa para los consumidores, la brecha de acceso a internet del 30% de la población actual y el profundo impacto negativo en el sector gráfico, en particular, y la cadena de valor en general.

De todos ellos, quien hizo principal eco de la problemática planteada fue el Diputado De Mendiguren. A continuación, compartimos su intervención:

Click Aquí para ver video: Diputado De Mendiguren José Ignacio - Sesión 21-03-2018 - PL
 

La exposición del Diputado cobra importante relieve al considerar que no solo las empresas privadas, sino que las propias entidades públicas están impulsando la “despapelización” de las comunicaciones de forma espontánea y repentina. Uno de los casos más paradigmáticos es el de ARBA, cuyo ejemplo afecta el envío de facturas impresas a más de 3 millones de contribuyentes:

Click Aquí para ver video: TN - Nota ARBA
 

Si bien, las autoridades contemplan soluciones “alternativas” para aquellos ciudadanos que no poseen las capacidades para recibir las boletas electrónicas, todas ellas significan una inversión de tiempo por parte del consumidor. Esto invierte la carga de responsabilidad: la empresa ya no tiene la responsabilidad de informar, sino que el contribuyente tiene la obligación de informarse. Esta premisa contradice los postulados básicos de la Defensa del Consumidor, quitándo y vulnerando sus derechos.

Finalmente, el caso citado no aborda la problemática antes citada por el Diputado De Mendiguren. En un Gobierno cuyo principal postulado es la “pobreza cero”, no sería prudente adoptar una medida que dejaría sin fuentes de ingresos a decenas de miles de familias argentinas. Desde FAIGA continuaremos nuestras gestiones para preservar a las empresas del sector, solicitamos a todos los empresarios de los diversos rubros gráficos manifestar su necesaria adhesión y apelamos a que las autoridades pertinentes del Gobierno Nacional sepan apelar a la sabiduría y al gradualismo para el bien de todos.



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