El concepto de protección social es relativamente reciente. El mismo abarca aspectos de la política social y de los tradicionales programas de seguridad social, considerando una noción más comprensiva en cuanto a sus actores, objetivos e instrumentos. Para la OIT, la protección social es uno de los componentes centrales de la agenda de Trabajo Decente. La misma, no sólo cumple un papel compensador para las contingencias adversas que pudieran afectar la salud o los ingresos de los trabajadores y sus familias, sino que es parte de una concepción sobre el desarrollo y la cohesión social por sus impactos en los derechos ciudadanos y las oportunidades de progreso. En 2005, la OIT juntamente con el Ministerio de Economía elaboró un documento exhaustivo sobre la situación de la Protección Social en la Argentina demostrando la importante variedad de políticas y programas sobre esta materia, así como también denotando la relevante cantidad de recursos que socialmente son asignados para ello… El desempeño del “sistema”, sin embargo, no es satisfactorio. Lógicamente, esto no es responsabilidad de la actual o de las más recientes gestiones del gobierno, sino que hay una responsabilidad histórica colectiva. Justamente porque la protección social no es un programa específico de gobierno sino que es la conjunción de la acción de numerosos actores. Parte de las deficiencias en el desempeño se refieren precisamente a que falta consolidar un real “sistema” de protección, en lugar de la existencia actual de una sumatoria de políticas y programas débilmente articulados. Una recomendación importante sobre la cual está trabajando la OIT para países de ingresos medios y bajos, consiste en articular o completar un denominado piso social que consista en un conjunto de garantías que cuente con un componente de protección social. Este piso de protección social universal podría estar conformado por un paquete de prestaciones garantizadas de salud, una asignación familiar para los niños y adolescentes en edad escolar y una prestación monetaria para los adultos mayores. Países de ingresos medios con cierta capacidad fiscal podrían agregar también prestaciones no contributivas que faciliten y mejoren la inserción laboral de los trabajadores. Tal es el ejemplo del Seguro de Empleo y Capacitación que gestiona el Ministerio de Trabajo. Argentina cuenta con programas similares a los anteriormente mencionados pero persisten brechas de cobertura y falta de coordinación en los mismos. Definir como prioritario la conformación de un piso de protección social permitiría mejorar la efectividad de los recursos asignados así como también reducir la pobreza en los grupos más vulnerables y contar con una base de construcción de capital humano para reducir las desigualdades de ingreso. Conforma un piso de protección social desvinculado del desempeño del mercado laboral no implica concebirla en forma minimalista, sino todo por el contrario, sentar las bases para la construcción de un sistema que cuente con bases universales para luego complementar las articulaciones necesarias con el tipo de inserción laboral de los trabajadores. La contribución al desarrollo de la protección social no lamente está relacionada con el volumen de recursos que son asignados a la misma sino fundamentalmente a cómo es ésta priorizada en la agenda de políticas públicas juntamente con una adecuada articulación y coordinación con los numerosos actores que intervienen en la misma. La agenda de Trabajo Decente de la OIT apoya a gobiernos, empleadores y trabajadores para realizar una contribución en esa dimensión.
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